Lunes, 07 de marzo de 2011   |  Número 4 Año I
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actualidad
LA PLATAFORMA POR UNA INVESTIGACIÓN DIGNA PRESENTA SUS REIVINDICACIONES A ZAPATERO
Amaya Moro-Martín: “La Ley de Ciencia es una oportunidad para definir de forma clara la carrera de los investigadores”
Confían en que la futura Ley de la Ciencia incluya las reclamaciones que han presentado a los grupos parlamentarios

Enrique Pita. Madrid
Cuando parece que desde la Administración pública, tanto Gobierno central como autonómicos, reivindican la necesidad de un cambio de modelo productivo, primando la ciencia y la innovación como elementos clave, los investigadores españoles protestan por su situación y por los recortes presupuestarios que ha sufrido el sector en los últimos años. Esta situación ha llevado a la Plataforma por una Investigación Digna a recoger firmas entre los científicos españoles y trasladarlas al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acompañadas de una serie de reivindicaciones para mejorar la estabilidad laboral del colectivo y reclamar mayores y mejores inversiones.

Amaya Moro-Martín, representante de la Plataforma, ha repasado con Publicación de Tecnología Sanitaria los principales puntos de su reivindicación y ha mostrado su confianza en que se incluyan en la futura Ley de la Ciencia que se debate en estos momentos.

¿Cuáles son las reivindicaciones principales de la Plataforma que habéis trasladado a José Luis Rodríguez Zapatero?

Hay varias reivindicaciones que surgen de la inquietud que hay entre la comunidad investigadora a raíz de los recortes que ha habido en los últimos años en investigación que han afectado, especialmente, a la contratación de nuevos investigadores. Así, una de las cosas que solicitamos es una solución a corto plazo de la situación de los investigadores que estaban en el Programa Ramón y Cajal cuyos contratos se están acabando.

Esto es un problema por varias razones. Primero porque se ha hecho una inversión muy grande en la formación de estos investigadores y en atraerlos a España, porque muchos de ellos estaban fuera. En este sentido, también hay otros programas, como el Miguel Servet en el ámbito médico, que viven una situación similar. Estos contratos vienen con la promesa de la creación de unas plazas para el perfil del investigador, para que éste tenga opción a una plaza fija. Aquí el problema es que la inversión enorme para financiar este programa que no se ha traducido en la creación de las plazas, por lo que se ven forzados a irse de España o a dejar la investigación.

Esto supone una pérdida de la inversión que ya se ha hecho y también es un problema por la falta de competitividad y de credibilidad del sistema de investigación en España. Así, creemos que si realmente lo que se trata es de potenciar un cambio del modelo productivo hacia uno basado en investigación y desarrollo, es muy importante que el sistema de investigación en España tenga cierta competitividad y cierta credibilidad, y para esto hay que diseñar una carrera de investigación que sea estable, hay que proteger la cartera de recursos humanos en investigación, porque uno puede invertir mucho en instalaciones, pero si no tiene un cuerpo de investigadores que aprovechen estas infraestructuras, el fututo no es muy optimista.

Amaya Moro-Martín, miembro de la Plataforma por una Investigación Digna.

Lo más importante que planteamos en la carta, más allá de esta solución a corto plazo para los investigadores que se van a quedar sin contratos, es una planificación a medio y largo plazo de recursos humanos en la investigación. Esto es absolutamente necesario porque, si no se hace así, el esfuerzo que se hace durante años de potenciar esos grupos queda desperdiciado cuando llega a situaciones coyunturales como puede ser la crisis económica actual.

Lo que nosotros argumentamos es que, por ejemplo, en la actualidad el número de contratos “ramones y cajales” no pasa por el filtro de Administraciones Públicas ni de Hacienda, lo que es necesario. Se abren muchas convocatorias de “ramones y cajales” pero sin embargo luego no se abren las plazas. Lo que queremos es que haya una planificación a medio y largo plazo, que el número de plazas que salen de acceso al sistema se correspondan realmente con el número de plazas de investigador que van a ser convocadas. Esto actualmente no pasa y queremos que alguien se comprometa para evitarlo.

Por ello pedimos un gran pacto de Estado, multipartidista, para que no le afecte el cambio de gobierno, y con el fin de que proteja la falta de recursos humanos en investigación, porque es muy importante que la contratación de investigadores sea algo más estable, previsible. Queremos que, igual que los centros de investigación tienen que elaborar un Plan Estratégico a cinco años, esto ocurra a nivel ministerial. Es decir, que los distintos organismos públicos adopten un compromiso a largo o medio plazo para asegurar que haya partidas presupuestarias para RRHH en investigación. Y esto es algo que afecta a todas las etapas de la investigación, pero también a los directores de los centros de investigación, donde no tienen recursos adecuados para llevar el trabajo a cabo.

¿La Ley de Ciencia que está a debate aporta soluciones a la situación?

El borrador que está debatiéndose tiene una serie de enmiendas y lo que nosotros queremos es asegurarnos que aquellas que están más de acuerdo con nuestras inquietudes sean aprobadas, porque creemos que es muy importante aprovechar esta oportunidad para asegurar que se define de forma clara la carrera de los investigadores y que no se van poniendo parches, que es lo que se ha hecho últimamente, y así, a bandazos, no se puede potenciar la investigación.

¿Cuál ha sido la acogida de vuestras iniciativas entre los grupos parlamentarios con los que os habéis reunido?

Hemos mantenido encuentros con representantes de los grupos parlamentarios del PSOE y del PP y con Rosa Díez (UPyD), y la acogida ha sido muy buena. Entienden perfectamente el problema, son muy conscientes, y también entienden que la Ley de la Ciencia tiene que solucionar parte de esta problemática. El problema es cómo.

En el Grupo Socialista nos dijeron que para solucionar el problema más inmediato que planteamos, que es qué va a pasar con los investigadores que se van a quedar sin contratos próximamente, lo que han hecho es incluir en un Real Decreto un acuerdo social y económico y lo que proponen es que se priorice en la Oferta de Empleo Público la contratación de investigadores en centros públicos de investigación. Esto digamos que podría dar solución a la problemática inmediata, pero luego habrá que ver si la Oferta de Empleo Público convoca las plazas necesarias.

Pero a nosotros nos preocupa mucho la solución a largo plazo. Y ahí el Grupo Popular parece que tiene una enmienda por la cual el número de contratos de acceso al sistema pasaría el filtro de Administraciones Públicas y de Hacienda, con lo que ese número de contratos estaría de acuerdo con el número de plazas de investigador en el funcionariado que se prevé que realmente van a salir en el futuro. De ser así, no nos encontraríamos en la situación actual, que deja a mucha gente en el camino.

En este sentido, en el de la planificación a medio y largo plazo, el Grupo Socialista nos explicó que legalmente es complejo, pero creo que tienen que hacer el esfuerzo para que haya un compromiso a largo plazo. Sin embargo, se hacen compromisos a largo plazo en muchos otros ámbitos y creo que éste debería ser uno de ellos, porque no puede ser que los recursos humanos en investigación sufran unos bandazos tan grandes como el que ha ocurrido en los últimos dos años en los que el número de plazas de científicos titulares del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha caído en un 90 por ciento.

En relación con la situación de los “ramones y cajales” la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, decía hace unos días que “es previsible” que aquellos cuyos contratos vencen este año sean finalmente contratados por los organismos públicos de investigación…

La verdad es que nos han sorprendido las cifras que ha dado la ministra de que hay 23 “ramones y cajales” dentro de los programas públicos de investigación que dependen del Ministerio de Ciencia e Innovación porque las cifras que nosotros manejamos con más altas.

De todas formas, creo que antes de entrar en una discusión sobre las cifras debemos esperar a que salga la Oferta Pública de Empleo y ver cuántas plazas de científicos han salido en los organismos públicos de investigación y comparar.

Nosotros dudamos seriamente de unas cifras tan bajas y de que haya plazas suficientes para que todas las personas que estén en estos contratos de acceso al sistema vayan a tener oportunidad de opositar. Nos encantaría que fuera así, pero habrá que ver si realmente se cumple que hay suficientes plazas para todos.

La Plataforma ha recogido más de 2.500 firmas en apoyo de sus reivindicaciones.

La razón por la que nuestra carta fue dirigida al presidente del Gobierno fue porque entendemos que el Ministerio de Ciencia e Innovación puede tener muy buena voluntad a la hora de sacar esas plazas, pero no depende de él directamente convocarlas, y ya que es una problemática que afecta a varios ministerios, decidimos dirigirnos al presidente para que él lo plantee en los términos que considera adecuados entre los ministerios implicados.

De hecho, la Asociación de “ramones y cajales” se reunió directamente con representantes del Ministerio y lo que les dijeron fue en esencia que no depende de ellos, por eso nos hemos dirigido al presidente.

Pero de todos modos, hemos solicitado una entrevista con la ministra Garmendia para plantearle nuestra problemática y escuchar también las soluciones que nos pueda dar y también ver las diferentes cifras que tenemos, contrastarlas, para aclarar realmente cuántas plazas se necesitarían para cubrir las necesidades de este colectivo.

¿Qué respaldo habéis logrado con esta carta?

La carta que le hicimos llegar al presidente del Gobierno iba acompañada de 2.558 firmas, pero desde entonces han llegado más firmas y ya estamos superando las 2.600 firmas.

Dentro de estas firmas hay representantes de 174 diferentes centros de investigación, y son de un amplísimo abanico de disciplinas, tanto de ciencia, como de ingeniería como humanidades. También tenemos firmas de directores de centros de investigación, del rector de una universidad, y también hay becarios , doctorandos, “ramones y cajales”, personal investigador de centros hospitalarios…

La carta refleja las inquietudes de distintas esferas, y esperamos que tanto el Gobierno como la oposición aprovechen la oportunidad de que se va a renovar la Ley de la Ciencia para que los problemas que están surgiendo ahora no se vuelvan a repetir.

¿Tienen previsto algún otro tipo de acción?

Hemos optado por un acercamiento al problema muy práctico. Lo que estamos haciendo es revisar las enmiendas que se han presentado a la Ley de la Ciencia y estamos proponiendo a los grupos políticos que añadan a las suyas una serie de enmiendas traslacionales.

Y si no, aún nos queda esperar al Senado e intentar transmitir nuestras sugerencias a los grupos políticos en el Senado.

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